¿Cuánta "soberanía" han perdido Alemania, España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos por el hecho de que la generación de energía, las telecomunicaciones o la industria petrolera hayan sido dejadas en manos de los particulares? Al parecer muy poca o ninguna, dado que se les conoce como "potencias", se les llama así y, en efecto, lo son. Los Estados, en esos países, en cambio, prestan servicios públicos eficientes —o al menos mucho más eficientes de los que prestan sus análogos "soberanistas"— a sus nacionales. Es en la Nación y para los nacionales que comienza la soberanía. Estado que no es soberano dentro, no lo es fuera. Y mal puede llamarse tal el Estado que no puede ejercer su imperio en el interior de su propio país.

Algunos casos recientes muestran la infrasoberanía del Estado mexicano en el territorio nacional. Dejemos de lado —conscientes, empero, de la gravedad de los hechos— las parcelas de éste a las que no puede entrar la policía, como son algunos barrios de la Ciudad de México sometidos al poder de la delincuencia, y de los que se expulsa con violencia a cualquier autoridad. Veamos qué sucedió esta semana en la capital de la República y, para ser más exactos, en las colonias Minas de Cristo y Francisco Villa.

En la primera, un menor de edad fue asesinado a puñaladas el domingo 9 de mayo. En la segunda, menos de 72 horas después del crimen, el padre del chico apuñalado, con la ayuda de algunos amigos y vecinos, encontró a los criminales y llamó a la policía para que los detuviera. El ejemplo muestra que un grupo de particulares, sin entrenamiento ni equipo especial ni armas, fue tan eficaz como el conjunto de la fuerza pública —armada, con vehículos dotados de computadoras, helicópteros— que halló a quienes robaron el automóvil de la señora Amalia Solórzano viuda de Cárdenas. El trabajo de los "privados" no le costó un centavo a los contribuyentes. Y algo semejante puede decirse de la solución dada por entidades o grupos no gubernamentales ni estatales a diversos casos de secuestro, para los cuales no ha demostrado eficiencia alguna la autoridad.

De lo público de la generación de energía eléctrica puede discutirse. La experiencia muestra —no la teoría ni menos la ideología— que a veces conviene a los nacionales que esté en manos del Estado y en ocasiones en los particulares. Pero del carácter público de las labores de seguridad pública no se puede dudar. Y no se ve manifestación alguna contra la proliferación de compañías privadas que garantizan la tranquilidad de personas, instituciones y empresas, a las que las fuerzas del orden son incapaces de asegurarles vida, libertad o bienes. ¿Qué es, qué soberanía ejerce un Estado que no puede brindar a los ciudadanos servicios de seguridad pública ordenados y coordinados por el gobierno legítimo? Tal Estado y tal soberanía no son más que sus respectivas caricaturas. Y el que no puede con lo menos, tampoco podrá con lo más: ir a vociferar ante organismos internacionales el carácter soberano de una Nación en la que los padres tienen que buscar y encontrar a los asesinos de sus hijos, o en el que el costo de la seguridad privada puede elevar los precios al consumidor en un porcentaje elevado, es hacer el ridículo.

Y si la Universidad Nacional Autónoma de México es, para sus huelguistas, una institución del Estado, ¿por qué son grupos de particulares los que deciden quién entra y quién sale de sus instalaciones, quién puede ir a clases y quién es libre de inscribirse y presentar exámenes? Y si en verdad es del Estado, ¿por qué llamarla "autónoma"? Y si es autónoma, ¿por qué no puede determinar sus cuotas? Y si las cuotas son anticonstitucionales, ¿qué respeto nos merecerían los rectores que permitieron el cobro de colegiaturas, como Ignacio Chávez o Pablo González Casanova, Javier Barros Sierra o José Sarukhán, y por qué no se les lleva a juicio si aún están vivos?

El uso de superficies claramente públicas —aceras, calles, parques, etcétera— para instalar puestos de particulares dedicados al comercio de cuanto se puede imaginar, ¿no es una privatización de lo más público entre lo público, es decir, las vías y los espacios públicos? Los cobros por estacionamiento de vehículos y protección de éstos que desde que Dios amanece hay que pagar en las calles de la Ciudad de México, ¿no son otra privatización de las áreas públicas y de la seguridad pública? Si nuestros impuestos hacen posible calles, aceras y parques, ¿por qué el uso de éstos se nos cobra además de aquéllos? Si nuestras contribuciones sostienen a la policía, ¿por qué nos ha de costar cuidar de nosotros mismos, de nuestras familias y de nuestros bienes? Estamos en el peor de los mundos: pagamos por lo público que no sirve y tenemos que pagar por lo privado para suplir las ineficiencias de lo público. Pagamos la ineficiencia estatizada y pagamos la privatización de la eficiencia. Pagamos lo público y lo privado, pero contamos con lo privado y no con lo público. Y no es un daño menor —en este galimatías— el resultado de esta barbarie: la pérdida de la conciencia y de la aceptabilidad de lo público, la incorporación de esta esquizofrenia a la cultura política que se resigna a pagar lo público a sabiendas de que no sirve y a pagar lo privado para contar con algo. De allí que nadie quiera pagar más impuestos: no le quedaría con qué cubrir los gastos que implica cubrir aquéllos y comprar, además, a un particular los servicios que ya pagó por medio del fisco.

No es poco mal común esta destrucción de la conciencia de lo público. No la confusión intelectual, moral y política que de ella se sigue y sobre la cual navegan los discursos de nuestros políticos y nuestros gobernantes que así se aseguran puesto, clientela, sueldo y reflectores. Son ellos los que se benefician de los dineros públicos y de los servicios privados. Con aquéllos, se les pagan sus salarios. Con la concesión ilegal de éstos, se aseguran sus contingentes privados de presión y chantaje, y los votos a la hora de la hora.

Proceso 1176, 17 de mayo de 1999.